Aprobado el Real Decreto Ley 4/2015 del 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Mucho se había hablado y especulado sobre este decreto, y muchos fueron los rumores durante el año pasado, pero por fin sale el real decreto. Las principales reformas se basan en:
- Desaparición de la formación «A Distancia», quedando sólo la formación Presencial y la Online, y que se empezará aplicar en enero del 2016.
- Sindicatos y Patronales siguen estando presente pero no podrán actuar como Gestores Directos de Formación. Pues hasta ahora, eran «juez y parte».
- Nuevo régimen sancionador, en el que las entidades de formación serán responsables solidarios de las bonificaciones indebidas.
- Transformación de la Fundación Tripartita. La administración tomará el control.
Aunque el gobierno dice que ha habido acuerdo entre los Agentes Sociales, está claro que la reforma aparta tanto a sindicatos como a patronal, en gran parte debido a los escándalos de corrupción que se han destapado y que tanto daño ha ahecho a las entidades de formación privada que nada tenemos que ver con esas prácticas ni con esos Fondos (en exclusiva de estos), lo cierto es que este decreto aparta a los agentes sociales, pues no podrán impartir formación y además ya no controlarán la Fundación Tripartita.
Es curioso como el gobierno impide a los Agentes Sociales ser «juez y parte» de la gestión e impartición de la formación y sin embargo el SEPE sigue siendo el encargado de las inspecciones, pudiendo anular cursos de formación bajo criterios, en algunos casos un tanto dudosos.
Cabe recordar que el dinero de la formación en España procede, en su mayoría, de las aportaciones que realizan las empresa y los trabajadores en sus cotizaciones, y que el dinero que no se solicita para formación se lo queda la Seguridad Social. Ver http://www.libertaddigital.com/espana/2015-03-26/zapatero-pago-con-dinero-de-la-formacion-prestaciones-de-paro-1276544082/
Del mismo Decreto se desprende que sólo el 26% de las pymes hacen uso de la formación demanda, por lo que la Seguridad Social se embolsa todos los años millones de euros que no son reclamados.
Del mismo modo, un inspector de la Seguridad Social puede anular un curso bajo cualquier criterio, sin argumentación y por tanto, sin posibilidad de que la otra parte pueda defenderse. Así, el importe del curso bonificado, debe ser devuelto, ¿a quién? Sí, lo han adivinado, a la Seguridad Social.
Esto es algo que las entidades de formación bonificadas llevan reclamando desde hace tiempo, y que no sólo no se ha suprimido, si no que con este decreto se ha reforzado.
Mientras que el «zorro siga guardando el gallinero» no será una formación transparente y de calidad.
